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 Los alumnos de Educación Primaria tendrán 50 horas de Educación para la Ciudadanía (una hora y media a la semana), asignatura que se impartirá en uno de los dos cursos del último ciclo (5º ó 6º) de ese nivel educativo, según el borrador de decreto de requisitos mínimos que ayer recibió el visto bueno de la Comisión General de Educación, de la que forman parte miembros de las administraciones educativas central y autonómicas. Asimismo, y según pudo saber ABC de fuentes próximas a Educación, «se han pulido» los borradores iniciales para evitar cualquier mención que encierre el riesgo de intromisión en el ámbito de la moral. En realidad, el mayor conflicto se encuentra en Secundaria Obligatoria (ESO), cuyos proyectos sobre los contenidos de la asignatura fueron criticados por entender que «invadían» ámbitos reservados a los padres.
Uno de los apartados del proyecto de mínimos de Educación para la Ciudadanía se enunciaba como «La familia y sus distintos tipos», lo que suscitó la polémica. Otro borrador, esta vez referido a Conocimiento del Medio para Primaria, contenía también una mención similar, que en el último borrador ha sido redactada de forma distinta.
En cuanto a Educación para la Ciudadanía, el Foro Español de la Familia ha encabezado la oposición a la asignatura y ha anunciado que ayudará a los padres que lo deseen a ejercitar el derecho de objeción de conciencia para impedir que sus hijos cursen la materia. El próximo curso Precisamente ayer, el presidente del Foro, José Gabaldón, presentó el «Observatorio para la Objeción de Conciencia», que se constituye con el objetivo de realizar un seguimiento del desarrollo y contenidos de Educación para la Ciudadanía. Gabaldón explicó que esta iniciativa no es «un frente contra la asignatura en sí misma sino frente a algunos contenidos que afectan a la formación religiosa y moral de nuestros hijos», ya que los borradores conocidos hasta ahora «generan profunda preocupación en los padres de familia españoles, porque suponen una intromisión descarada en materias que afectan a la conciencia y moral de los niños».
El Observatorio, que cuenta con la página web objetamos.com, anima a los padres a ejercer el Derecho de Objeción de Conciencia frente a aquellos contenidos de la asignatura que atenten contra el derecho constitucional de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales y religiosas. Además, ofrece asesoría jurídica gratuita a los padres que quieran ejercer este derecho, según anunció el vicepresidente del Foro, Benigno Blanco.
El Observatorio, que se pondrá en marcha al principio del próximo curso, cuando previsiblemente entre en vigor la asignatura, estará formado por juristas y en él colaboran asociaciones como Andoc, Hazteoír y Profesionales por la Ética, entre otras. Blanco aconsejó a los padres que ejerciten su derecho mediante un escrito dirigido al director del centro educativo en el momento de inscribir o renovar plaza para el curso 2007-2008. También pidió que las autoridades educativas «sean sensibles» ante la realidad de que «millones de familias» estén en contra de la asignatura. Aseguró que han solicitado «reiteradamente» encuentros con el Ministerio de Educación, «sin recibir ninguna respuesta» y advirtió de que no se trata de una «insumisión», sino de ejercer un derecho constitucional.
El presidente del Observatorio, Fernando Cortázar, apeló al artículo 27.3 de la Constitución, según el cual «los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones», a la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros normativas europeas. «Queremos -dijo- que nuestros hijos se eduquen de acuerdo con nuestras convicciones».
En definitiva, el Observatorio nace de la preocupación por «el riesgo de adoctrinamiento ideológico de los niños» y pretende impedir la imposición «dictatorial» de unos contenidos, aseguran sus promotores. La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, negó en el Foro ABC que con esta asignatura se persiga un «adoctrinamiento» y aseguró que contendrá principios generales contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución, así como las responsabilidades públicas y sociales de los ciudadanos.
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