MADRID- La asociación civil Profesionales Por la Ética, responsable de la guía sobre cómo las familias deben ejercer su derecho a la objeción de conciencia de Educación para la Ciudadanía, ha pedido al Gobierno que termine de aclarar su postura respecto a los contenidos de la nueva asignatura prevista en la Ley Órganica de Educación.
La asociación, que se encuentra integrada en el Foro de la Familia, respondía así a las declaraciones de la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, realizadas ayer en una entrevista a este periódico, ante las que anunció que continuará con su campaña de objeción de conciencia si el Ministerio no rectifica su actual planteamiento en cuanto a la imposición de un «sistema moral e ideológico» a través de esta asignatura.
Los Profesionales por la Ética recordaron la contradicción de la ministra de Educación cuando, tiempo atrás, defendía que formaban parte del borrador de la materia escolar temas como los matrimonios homosexuales, la clonación humana o la eutanasia, por tratarse de cuestiones reconocidas por la ley.
Sin embargo, en declaraciones a este periódico, la ministra afirmaba que «los borradores no entran para nada en asuntos de moral privada», al tiempo que descartaba que tuvieran que ver «con la clonación humana o con la eutanasia...».
Además, esta organización se mostró sorprendida ante el desconocimiento de la ministra respecto a la eficacia del derecho constitucional español en cuanto a la objeción de conciencia, el cual no requiere desarrollo legal para su aplicación directa. Por lo tanto, «los padres que deseen objetar ante la Educación para la Ciudadanía no tienen que esperar ninguna decisión de los tribunales» como contrariamente afirmaba Cabrera.
Derecho incuestionable
Por otro lado, Profesionales Por la Ética valoró el énfasis puesto por la ministra en la defensa del derecho de los padres a elegir la educación para sus hijos, al considerarlo como «un derecho absolutamente reconocido e incuestionable».
Según la asociación, «esta postura representa un importante avance si se tiene en cuenta que hace tan sólo unas semanas, el secretario general de Educación, Alejandro Tiana, cuestionaba con una actitud claramente inconstitucional la existencia de ese derecho».
Además, la organización agradeció esta defensa de los derechos de los padres por abrir una vía de solución positiva para aquellos padres que no quieren educación católica para sus hijos y para aquellos otros que no desean que sean adoctrinados con la nueva asignatura.
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